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Poder Judicial, PDI. Corrupción y encubrimientos, Chile
Esta pagina esta destinada a denunciar casos de corrupción cometidos en el pasado y presente (encubrimientos, obstrucciones a la justicia, entre otros delitos perpetrados por empledos públicos o agentes del estado). En Chile, como en muchos otros paises, existen variados delitos en que incurre el individuo y que según, cuyas caracteristicas, se les denominan delitos comunes, para lo cual, se han redactado los códigos juridicos o textos legales, que castigan aquellas acciones dolosas.
Empiricamente, se ha podido constatar, también, que Chile no se encuentra ajeno a acciones de tipo delictivas de organizaciones o asosiaciones ilícitas. nacidas para delinquir de diferentes formas.
Dado lo anterior, podemos encontrar también, estas organizaciones criminales empoderadas adentro de organismos del estado, Tribunales de Justicia y PDI, por poner dos buenos ejemplos.
Podriamos, ejemplificar lo anterior con el siguiente articulo:
Samuel Pino Sandoval dice:
20 octubre, 2013 a las 22:39
COVEMA, enlodaba a Investigaciones. Más de una decena de secuestros.
El conductor policial del Servicio de Investigaciones, Celso Quinteros Martínez, fue quien desde Buenos Aires, Argentina, en declaración jurada confiesa y entrega información que vincula a la institución en el secuestro, torturas y apremios ilegítimos a los estudiantes de periodismo Cecilia Alzamora, con resultado de muerte para José Eduardo Jara.
El director de Investigaciones, 1980, Ernesto Baeza, dio la orden de conformar un comando con los mejores policías de la institución para investigar el asesinato del coronel Roger Vergara.
Para tales efectos reclutó al comisario de la Brigada de Homicidios, José Opazo. Esa noche, José Opazo armó su equipo. Allí estaban Vidal, Silva, González, Brusset, Maturana, Salazar, Valenzuela, Rojo, Céspedes, Castro, González.
Cuando Opazo volvió al cuartel central, el director de la policía civil, el general ® Ernesto Baeza, lo llamó a su despacho para comunicarle que también se sumaría al trabajo un equipo de la Brigada Investigadora de Asaltos, “la BIA”, al mando de Nelson Lillo Merodio, tan talquino como Opazo.
Entre los convocados figuraban también: Rodríguez, Moscoso, Ramírez, Vega, Navarro, Díaz, Figueroa, Riveros…, casi todos con experiencias obtenidas al investigar los asaltos bancarios perpetrados por el MIR.
El viernes 1° de agosto una mano anónima depositó en el correo una carta que llegaría cuatro días después al vespertino “La Segunda”: “Señores, ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad y de policía, con esta fecha hemos formado el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA). Asumimos las responsabilidades que ustedes y la sociedad han eludido. Dios y Patria”, decía la nota.
Estaba escrita en un papel pequeño, con la tipografía de una máquina ubicada posteriormente en los subterráneos del cuartel central de General Mackenna. Tiempo después, señala en su declaración, Celso Quinteros: “Julio Rada (subdirector de Investigaciones), junto al abogado Marcelo Cibie, me instruyen como debía de dar mi declaración ente el tribunal, que se encontraba investigando los secuestros y la muerte del señor Jara. A la reunión con el señor Rada, que debía acudir, me la notifico el señor Nelson Lillo, fue la única vez que Lillo me trato con respeto”.
José Opazo fue procesado y condenado junto al señor Rodríguez. Nelson Lillo fue trasladado a la Comisaría de La Florida.
El subdirector Julio Rada había venido trabajando con Nelson Lillo (hombre de confianza de Rada) desde la Brigada Móvil, Asuntos Especiales, desde Mayo de 1968 y hasta el año 1982, tiempo en que Lillo es dado de baja por el nuevo Director de Investigaciones, General ® Fernando Paredes, debido a los malos y fallidos resultados en la investigación del denominado caso “Sicópatas de Viña”. Crímenes ocurridos entre 1980 y 1981 en Viña del Mar.
En los numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos, aparecen también otros detectives implicados; entre ellos está Juan Fernando Romero Moran, inspector, acusado en el 19 J. C. de Santiago, como autor del homicidio de Carlos Emilio Collao Sarpi, ocurrido el 10 de Noviembre de 1985.Crímenes de Lesa Humanidad.
La Corte Suprema, con carta publicada el 06 de septiembre de 2013 y dada a conocer por el presidente de esta corte, Rubén Ballesteros, admite por primera vez “graves acciones y omisiones” en relación a las violaciones de derechos humanos, cometidas en Chile, dando a entender cierta complicidad de parte de la magistratura chilena en años del régimen militar o dictadura.
Anteriormente, la Asociación Nacional de Magistrados, había solicitado a esta corte pedir perdón.
La Corte Suprema y de Apelaciones, entre otras acciones, no tomó en cuenta, muchos “recursos de amparo” presentados por familiares de detenidos y que posteriormente aparecerían asesinados y/o desaparecidos por el régimen militar.
Consecuente a lo anterior y debido a los muchos reclamos de abogados de derechos humanos, como así también, constantes reclamos de ciudadanos, exigiendo justicia y que ésta, se aplicara no importando y/o anulando la ley de amnistía. Se pide que instituya e implemente la imprescriptibilidad para casos de derechos humanos, ocurridos durante la dictadura, según los tratados internacionales firmados por el estado. Los tribunales hacían oídos sordos, dejando ver un despotismo.
El ACTA DE ACUERDO N° 81-2010. El tribunal en pleno, se reunió el 1° de Junio 2010, bajo la presidencia (S) Corte Suprema de Don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los ministros señores Segura, Oyarzún, Ballesteros, Muñoz, Dolmestch, Araya, Valdés, Carreño y Pierre, señora Pérez, señores Kunsemuller, Brito, Silva y señoras Maggy Egnem.
Este acuerdo, dispone la investigación de procesos por detenidos desaparecidos y crímenes cometidos durante el periodo del 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990.
Dado lo conocido, por toda la ciudadanía y lo que es reconocido en nuestra historia reciente, los hechos llamados casos de derechos humanos, empezaron a perpetrarse en los años sesenta. Cabe hacer presente y traer a la memoria los crímenes cometidos por miembros del Partido Comunista y con brazos armados como el MIR.
Sería justo entonces, que la magistratura chilena, con madurez empírica, aplicara estos acuerdos de manera mas amplia, tomando e investigando todos aquellos casos (crímenes) que se encuentran concadenados con todos aquellos movimientos y acciones conspirativas que llevaron al caos a la sociedad chilena entre Octubre de 1970 y el 11 de Septiembre 1973 y a la represión y atropello de los derechos humanos , entre el 11 de Septiembre 1973 y el 10 de Marzo de 1990.Las acciones armadas de extrema izquierda en Chile incluyen diversos actos cometidos por distintos grupos de tendencia política de izquierda que justificaban la utilización de acciones violentas como medio de acción política.
En Chile los grupos de izquierda con características violentas surgieron en los años 1960, en el contexto de la radicalización que se vivió en la época de los llamados Tres tercios, influenciados por la Revolución cubana, los movimientos estudiantiles del Mayo francés de 1968 y el establecimiento de diversas guerrillas en América Latina. El principal grupo de este periodo fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
A mediados de los años 1960, el recién fundado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) realizaría algunas acciones de agitación armada, principalmente sabotajes[cita requerida]. El MIR plantearía desde un principio su desconfianza por los métodos democráticos liberales para alcanzar el poder, aprobando en su congreso de fundación el uso de la violencia política por medio de la “insurrección popular armada”1 en la cual señalaba: ” El MIR rechaza la teoría de la “vía pacífica” porque desarma políticamente el proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada.”
• En la Universidad de Concepción miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria secuestran a un carabinero el 9 de septiembre de 1967, liberándolo ileso al día siguiente. Le fueron sustraídos su uniforme y su arma de servicio.
• El 20 de febrero de 1968 se inició una seguidilla de atentados explosivos, en lugares como el edificio del diario El Mercurio, el consulado de los Estados Unidos (12 de marzo)10 y la sede del Partido Demócrata Cristiano de la ciudad de Rancagua. No hubo víctimas.
• El 18 de Julio 1970, muere asesinado el detective (Brigada Móvil) Emilio Colombo Morales, accionado y perpetrado por detectives del Servicio de Investigaciones. En este caso ha existido participación de agentes del estado, encubriendo el crimen. La versión oficial del Servicio de Investigaciones, es que se trataría de un “SUICIDIO” En ese entonces el policía se encontraba investigando acciones ilícitas (atentados y asaltos) del Movimiento de Izquierda Revolucionario.
• Poco antes de la asunción de Salvador Allende como Presidente de Chile, el 11 de agosto de 1970 tuvo lugar un enfrentamiento entre fuerzas de Carabineros de Chile y miembros del MIR. Murió el cabo Luis Fuentes Pinedo.[cita requerida]
• El 3 de noviembre de 1970 resultó muerto otro cabo de Carabineros, Luis Armando Cofré, durante un asalto perpetrado por el MIR al Banco Panamericano.[cita requerida]
• El 8 de junio de 1971, el grupo Vanguardia Organizada del Pueblo, sin vinculación con ninguna organización de izquierda de importancia y formado pocas semanas antes, asesinó al ex Ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic, en represalia por la responsabilidad que se le atribuyó por la llamada “Masacre de Puerto Montt”.
• El 02 de Mayo de 1974, el Prefecto Juan Bustos Marchant del Servicio de Investigaciones, muere asesinado en la prefectura de Investigaciones de Valparaíso, el policía estaba siendo investigado por un tribunal de la Armada, tribunal militar que lo mantenía arrestado y bajo vigilancia de detectives en esa prefectura. La versión oficial señala que se trataría de un “suicidio”. Caso reconocido por la comisión Retich como “violación a los derechos humanos”.
Prefecto ® PDI – Francisco León Preller. “El Director de Investigaciones era Emilio Oelckers”, quién murió en un accidente de aviación en 1969. ¿Cree que hubo algo sospechoso en ese accidente? Se lo pregunto porque en esa época, en Chile, ya estaba actuando desembozadamente la CIA, y empezaron a sucederse asuntos extraños…
“Bueno, siempre pensé que la muerte de Emilio Oelckers, un hombre excepcional, no fue accidental; siempre se habló que se había tratado de un atentado y que existió un maletín con importantes documentos clasificados o reservados que mantenía en su poder el Sr. Emilio Oelckers, al punto que importantes personeros de gobierno y de la Democracia Cristiana, estaban preocupados que el contenido de éste se filtrara a la opinión pública.
Desde luego, la explicación que se dio, de que en el trayecto entre Puerto Montt y Santiago, al cruzar el cordón de Lastarria, el director se había comenzado a sentir mal y que entonces el piloto descendió a cuatro mil metros y en ese momento se le habían comenzado a cubrir las alas de hielo, no me pareció convincente. Un piloto que tenía miles de horas de vuelo, como Temis Rodríguez, aunque el director le hubiera dicho que baje a cierta cantidad de metros, si veía que las condiciones climáticas no lo permitían, no lo habría hecho. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice de la CIA, pero pienso que estaba en Chile desde mucho antes. Nosotros sabíamos de la presencia de la CIA, le diría que desde el gobierno de Ibáñez. El problema es que en muchas investigaciones que yo hacia, la CIA tenia contacto muy estrecho con algunos de los jefes de investigaciones, contactos muy estrechos”
Asesinato de Schneider
-De hecho, menos de un año después de la muerte de Oelckers, la CIA impulsó el asesinato del general Schneider. Usted investigó ese caso y detuvo a los culpables. ¿Cómo encontraron la pista?
“La investigación comienza porque el día en que mataron a Schneider, un grupo de funcionarios de mi equipo detuvo a un auto, un Dodge Dart azul y el dueño dijo que vivía en lo que hoy es el parque intercomunal La Reina. El dueño dice que el auto se lo habían robado el día anterior, y lo dejan ir. Cuando llego al cuartel, ya sabía que había un testimonio que mencionaba un Dodge Dart azul. Al enterarme que lo habían dejado ir, pesqué cinco o seis funcionarios y me fui a buscarlo. El sujeto, efectivamente vivía allí. Ahí empezó a salir todo”.
En consecuencia, la magistratura chilena, no logra impartir justicia por igual a todos los ciudadanos. No existe un real trabajo investigativo, a lo menos, que busque establecer la verdad histórica.EXPEDIENTE COLOMBO
No se trata de la Operación Colombo, ni algun capítulo de la serie ochentera “inspector Columbo”. No. El caso Colombo, es la historia de toda una familia que ha tenido que luchar contra la Justicia del Estado de Chile, durante 40 años. Todo aquello, encarnado en el hijo menor de la víctima, Milton. Hoy a sus 50 años, puede decir que ha dedicado toda una vida a esta pelea. En el camino ha perdido mucho, menos el coraje. Con su libro “Mis investigaciones contra la mafia” editado en 2003, consagro el trabajo que comenzó cuando era apenas un adolescente. Pero eso, es sólo un detalle dentro del trabajo más duro de su vida, una investigación que sólo ha terminado para el poder judicial de Chile. No para él.
Cuando Milton Colombo tenía 8 años, ocurrió el crimen que marcaría su vida y lo haría recorrer los oscuros callejones de las injusticias y el dolor. Su padre, Emilio Colombo, destacado policía de Investigaciones murió en 1970, en un céntrico departamento de Santiago. La prensa de la época cubrió el caso y acorde a la justicia, lo tituló como un suicidio.
Sin embargo, el menor de sus cuatro hijos, Milton, creció preguntándose qué había pasado realmente. En el año 1982 pudo acceder a la copia del expediente judicial, que evidentemente contenía esa verdad oficial. Más tarde, según palabras de Colombo, llegaron nuevos antecedentes y verdades develadas por ex detectives. Esta nueva información apuntaría a que la verdad del caso era muy distinta a la judicial y para la familia el caso tomo otro camino. “Los ex detectives que llegaban a hacer “estas confesiones”, señalaban que mi padre había sido asesinado por otro policía y que se había tenido que tapar la verdad ya que en la ocasión, las personas que se encontraban presentes, no quisieron verse involucradas en el hecho. Según señalaban, en aquel departamento en el centro de Santiago, donde se decía oficialmente, que solo se encontraba mi padre y su supuesta amante, también se encontraban jefes policiales y gente con poder”.
En los ’90, con mucha más experiencia, Milton Colombo, buscó a las personas que había aportado las pistas que encausarían su propia investigación, y las entrevistó, esta vez provisto de una grabadora de bolsillo. A partir de esas confesiones, pistas y comentarios, confeccionó un croquis del sitio de suceso que no estaba fojado al expediente judicial, pero que “sí habría sido entregado al Tribunal a manos de la Brigada de Homicidios” señala Milton.
En democracia y con el respaldo de esas pruebas y pericias hechas por él, le envió una carta denuncia al entonces director de la PDI, Nelson Mery, quién dio orden al Departamento V de iniciar una investigación por los antecedentes denunciados. Para Colombo, de todos los testimonios que se obtuvieron a partir de esta investigación, fue la del prefecto (R) Nelson Lillo, quién fue el primer policía en llegar al sitio del suceso, aquella madrugada de julio del año 70. Lillo comentó qué fue lo que vio, señalando “encontré en el baño principal, abundante sangre (…), apoyo de manos ensangrentadas en lavamanos, en piso y tina de baño, lo que me hizo deducir que mi compañero de unidad se había mirado al espejo y se había disparado en la sien, para después caer unos metros más allá, fuera del baño”. Sin embargo, el policía a cargo de la investigación le señaló a Lillo, que el que el disparo en la sien había sido con salida de proyectil y que el cuerpo había caído desvanecido en el lugar donde había sido encontrado y fijado fotográficamente por la B.H. Entonces Lillo señaló “No logro interpretar lo observado en el baño y que obviamente, la salida de proyectil agravaría la circunstancia del disparo, con lo cual , el cuerpo cayo donde se encontró”. Más tarde, Colombo, accedería al set fotográfico del sumario y se daría cuenta que faltaban 5 fotografías, justamente las fotografías del baño. A partir de esto, Colombo confirmó que la policía, seguía esforzándose en esconder la verdad. “Estos investigadores habrían sustraído las mencionadas imágenes, demostrándose con eso que se ha pretendido seguir encubriendo el sangriento crimen de mi padre”, afirma Milton.
Colombo y su familia debieron hacerse cargo de pericias como la elaboración del croquis y entrevistas, “tuvimos que hacer su trabajo” señala. Para que después de presentar todas estas pruebas, el caso prescribiera. El año 2000 la PDI le envía una carta explicativa que alude la versión de Lillo, pero no llegan a conclusiones diferentes del informe judicial. Entonces, Colombo interpuso una querella criminal por obstrucción a la justicia. El tribunal ordenó citaciones a la propia PDI, quienes según Colombo “obstaculizando una vez más la investigación, no encontraban a los citados”. Entonces volvió a denunciar que la Institución ocultaba información. La PDI entregó parte de la investigación y concluyó con que el denunciante sostenía conclusiones criminalísticas erradas y padecía de una fijación enfermiza.
En ese último punto Colombo señala, que luchar contra esa “justicia que está hecha por y para los poderosos”, ha atravesado un camino muy difícil y con un precio muy alto. Pero desde su perspectiva, cree que muchos de los familiares de víctimas de violaciones a los D.D.H.H. ocurridos en dictadura han obtenido cierta justicia. “Se empoderaron políticamente y han podido obtener algo de justicia”, sostiene Colombo. A partir del año 2000, la Corte de Justicia de Chile decidió investigar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos solo entre 1973 y Marzo de1990. Colombo se pregunta “¿Qué pasa con los casos ocurridos al margen de esas fechas?
Por otra parte, señala que gracias a la “Ley, 20.285, sobre Transparencia” ha podido obtener información de la misma PDI y así ha podido juntar nuevas pruebas para presentarlas en otras instancias distintas a los Tribunales de Justicia, como es el Parlamento. Sin embargo, Milton Colombo cree que será muy difícil obtener justicia de parte del poder judicial, ya que éste, según sus palabras, “rehúye su obligación de investigar y sancionar, queriendo sostener aquella ley retrógrada de prescripción”.
El año 2011, Milton Colombo, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presentó una demanda en contra del Estado de Chile, por “denegación de justicia y negación de un debido proceso que constituiría a nuestro entender una violación a los derechos humanos debido a que se encuentran implicados agentes del estado, utilizando para este encubrimiento todo el aparato legal como así también todo el aparataje técnico y humano con la única finalidad de esconder la verdad real”.
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General
Agentes del Estado habrían tapado homicidio: cuestionan a la PDI por muerte de policía en 1970
Por Verdad Ahora | 06-02-2014 – 20:55 | Valoración: 1
El 18 de julio de 1970, al interior de un céntrico departamento de la capital, un disparo acabó con la vida del detective Luis Emilio Colombo, admirado miembro de la Brigada Móvil de Asuntos Especiales de Investigaciones. Desde entonces la policía ha manejado el caso con hermetismo, caratulando la muerte como un suicidio y negándose a entregar mayores antecedentes a la familia.
Un hijo, Milton Colombo, no ha descansado en sus esfuerzos para llegar a la verdad, afirmando que su padre fue asesinado para proteger a sujetos intocables en Investigaciones. La viuda Ana Astroza manifiesta que su esposo le advirtió, días antes, que si algo le ocurría ésta debía escapar. Un antiguo colega, el detective primero Osvaldo Pascual, duda que Luis decidiera poner una bala en su cabeza y plantea, incluso, la posibilidad de que “personas de renombre” estuvieran presentes esa noche en el misterioso Nº 216, departamento 705, de calle Presidente Bulnes.
Ocultamiento de la evidencia
Con desilusión reaccionó la familia, en diciembre de 2013, cuando la Policía de Investigaciones, al mando del prefecto general Marcos Vásquez Meza, se negó a entregar la totalidad del sumario interno por la muerte de Colombo, realizado en 1970, violando así la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
Para Milton Colombo, lo anterior se debe a que se habría constituido, en el seno de Investigaciones, una asociación ilícita destinada a encubrir el homicidio de su padre, la cual se mantendría intacta hasta la actualidad.
Como explicó a Verdad Ahora el también autor del libro “Mis investigaciones sobre la mafia”, la familia del detective fallecido envió en 1999 una carta al director Nelson Mery Figueroa, quien instruyó, a raíz de nuevos antecedentes, la realización de otro sumario a cargo del funcionario del Departamento Quinto, Daniel Candia Ortiz. En dicha ocasión se logró descubrir que a la investigación original del año 70, adosada a la carpeta de Luis Emilio Colombo, se le habían sustraído el dibujo planimétrico, y seis fotografías capturadas en el sitio del suceso por el perito Alonso Lillo Díaz, hecho que habría sido informado por Candia a Mery, sin obtener una respuesta satisfactoria.
La desaparición de las fotografías se conjuga con la declaración entregada en la investigación por el detective Nelson Lillo Merodio, el primer policía en llegar al sitio del suceso junto al detective Osvaldo Pascual, con quien patrullaba a esa hora las calles de Santiago. Lillo declara haber entrado al departamento y observado en el baño, a casi tres metros del cuerpo, abundante sangre salpicada y coagulada en el espejo, murallas y suelo. Es justamente esa situación la que aparecería en las imágenes robadas, según cree la familia.
Consultado en la segunda investigación, Lillo se mantuvo apegado a su versión, momento en el cual Candia le señaló que era imposible que Luis Emilio Colombo se disparara en el baño, ya que había muerto de un disparo fatal a la sien, y su cuerpo se hallaba a una distancia considerable de la sangre descrita, sin poder haber retrocedido por el pasillo. “Lillo manifiesta entonces que no puede interpretar lo observado por él”, explica Milton Colombo.
El ex detective Nelson Lillo, testigo clave.
Las dudas también recaen sobre el departamento de calle Presidente Bulnes, el cual, según señaló una fuente consultada por Verdad Ahora, operaba como un prostíbulo al cual asistían altos funcionarios de Carabineros e Investigaciones, entre ellos el “Chueco” Oviedo. “A ese lugar llegaban las mejores mujeres de Santiago”, afirma un ex policía que concurría a las fiestas. Tiempo después, el inmueble comenzó a ser utilizado por el Círculo de Tenientes Coroneles de Carabineros en Retiro.
Testigos se retractan
La versión oficial de Investigaciones sostiene que, en estado de ebriedad, Luis Emilio Colombo tuvo un altercado sentimental con la prostituta Raquel Caro Herrera, a la cual habría alcanzado con un balazo en el glúteo poco antes de quitarse la vida, cuando ambos estaban solos. La PDI utilizó a dos testigos que señalaron haber bebido grandes cantidades de alcohol junto al policía, horas antes del hecho, individuos que, según cuenta Milton Colombo, le confesaron personalmente haber sido inducidos en su declaración por un funcionario de la institución llamado Jorge Alcaíno.
“Lo importante de esto es que, con el correr de los años, pudimos conversar con el periodista Antonio Freire, que era compadre de mi padre, y nos manifiesta que esa noche estuvo con él cenando mariscos donde los hermanos Azócar, y lo deja a eso de las 12:30 horas en Morandé con Agustinas”, señala Milton.
Agrega que, curiosamente, el periodista ‘Toño’ Freire, productor de televisión y autor del libro “La última arenga de Salvador Allende”, se niega hoy a declarar dicha versión a la justicia, pese a haberlo reconocido en dos oportunidades a la familia Colombo Astroza y a terceros. “Yo diría que Freire tiene algo más que ocultar”, afirmó enfático nuestro entrevistado.
Ya que la PDI se rehúsa a entregar copia íntegra del sumario interno, las declaraciones que hicieran algunos funcionarios de Investigaciones de la época, como Pedro Bravo Herrera, Carlos Vuchini Silva, Ricardo Aravena Sepúlveda y Ventura Jiménez Gutiérrez, permanecen en el más absoluto secreto.
Un documento del proceso administrativo al que tuvo acceso Verdad Ahora, constata que también figura como declarante un tal “Quintín Romero González”, nombre que se asemeja al del famoso detective Quintín Romero Morán, ex colega de Luis Emilio Colombo, y quien estuvo presente en La Moneda con Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Consultado al respecto, Romero señala que dejó de trabajar con el padre de Milton antes del presunto suicidio, por lo que no declaró en el sumario.
El periodista Antonio Freire.
La escasa colaboración que la PDI ha tenido en el caso de su padre, afirma Milton Colombo, se parece bastante al comportamiento desplegado en la investigación sobre la muerte de Juan Bustos Marchant, prefecto de Valparaíso que en mayo de 1974 falleció de un disparo a la cabeza, presuntamente auto infligido, según la versión oficial que entregó la policía civil.
“En ese caso se pidieron antecedentes a la PDI para que entreguen el sumario interno que ellos guardan celosamente, sin embargo, respondieron al Ministro en Visita que éste se encuentra en muy malas condiciones, y que el expediente se volvería a hacer”, dijo Milton.
“Me dejaron abandonado”
Entre las hipótesis que maneja la familia Colombo Astroza se plantea que el detective pudo haberse enterado de algo que lo condenó a morir. Ello en relación a las tareas de inteligencia que le tocó desempeñar como integrante de la Brigada Móvil de Asuntos Especiales, justo cuando el país comenzaba a ser invadido por la desestabilización de grupos de extrema derecha en la forma de atentados de bandera falsa, financiados por la CIA, la cual mantenía estrechos vínculos con algunos jefes de Investigaciones.
En este sentido, la viuda Ana Astroza recuerda un comentario que hiciera su ex marido sobre el antiguo director de la PDI, Emilio Oelckers Hollstein, después que éste falleciera en un supuesto accidente aéreo el día 26 de mayo de 1969. “Él no era una blanca paloma”, dijo Colombo a su esposa. Antes de morir, el policía también manifestó a la mujer que sus colegas “lo habían dejado abandonado”.
Producto de todas estas suspicacias, la familia decidió presentar, con el patrocinio del abogado Raúl Rencoret Urbina, su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando clasificar la muerte de Luis Emilio Colombo y el posterior encubrimiento que hicieran agentes del Estado como un crimen de lesa humanidad. Los antecedentes, entregados en Washington, están siendo actualmente revisados por juristas.
Sobre este caso también se encuentra un proceso abierto en el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, a cargo de la jueza Cheryl Fernández Albornoz.
Si usted posee información que pueda ayudar a la justicia, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
En julio de 2013, Milton Colombo entregó los antecedentes al ex subdirector de la PDI, Juan Baeza, sin que a la fecha existan avances
LOS SIN DIOS NI LEY. Nelson Mery – Mario Silva Leiva – Sergio Oviedo Torres.
En Enero de 1969, Rafael Alarcón Pinochet, Prefecto PDI ( extraditado a EEUU. en 1974) entrega en el cuartel central de esa policía, al oficial de guardia Sergio Oviedo Torres, motejado “Chueco Oviedo”, a Jorge Ahumada Acosta. Ahumada Acosta, según relataron testigos detenidos junto a él, en un prostíbulo de Santiago, este junto a otros delincuentes habrían internado cocaína a los Estados Unidos. A los minutos y en ausencia de los detectives de la BEJA (Brigada contra juegos de azar y trafico de drogas), que comandaba Alarcón Pinochet, se produce la fuga de este avezado delincuente. Oviedo Torres, después de un sumario administrativo llevado a cabo por la institución, es sancionado con días de arresto y amonestación severa “por no cumplir con sus obligaciones de oficial de guardia”, provocando con esto la fuga de un delincuente, del mismo cuartel policial. No se notifico, posteriormente si de detuvo o no al prófugo.
Con anterioridad a Oviedo Torres se le había fugado otro delincuente.
Curiosamente, Jorge Ahumada Acosta, se encuentra fuertemente vinculado al clan del Cabro Carrera. al parecer casado con la actual jefa del clan hija de Mario Silva Leiva.
Hay que recordar que Oviedo Torres debió enfrentar una solicitud de extradición , por parte del gobierno de los EEUU. Pero que no prospero ya que la conocida Tercera Sala de la Corte chilena, no dio curso a la extradición.
SERA NOTICIA..?Existe aún mafias asociadas a policías de la PDI, Carabineros o la ANI
En los noventa el Director de Investigaciones( PDI) Nelson Mery Figueroa entrega a su conocido(amigo) Mario Silva Leiva (cabro Carrera) el premio del clásico Investigaciones de Chile, ya que el caballo ganador era el de “el cabro carrera”. Mery le entrega el premio brindando junto a él, con unas copas de champagne.Los poderes del estado se prestaran para encubrir estas mafias..??
Han existido, evidentemente acciones de empleados y agentes estatales que han colaborado para que acciones de delincuentes de alta monta progresen.
En Chile, existíeron comprobados y judicialisados casos de violaciones a los derechos humanos. En efecto, entre 1973 y 1990 en Chile, ocurrieron un sin numero de este tipo de abusos, perpetrandose; homicidios, secuestros, torturas, etc; bajo un regimen totalitario, que ha llevado a los autores, complices y encubridores a ser condenados por esos crimenes.
Sin embargo, existen hoy numerosos casos, no aclarados por los tribunales en Chile, lo que deja entrever una actitud y acciones por parte del Poder Judicial que impiden poder llegar a la verdad en numerosos homicidios, entre otros casos.
Cabe señalar, que tanto, el poder judial como su accesoria policía civil (PDI), han accionado para que diferentes crimenes no sean aclarados, existiendo pruebas de aquellas maniobras encubridoras.
Dado lo descrito, estas acciones, por parte de este poder del estado, constituyen una violacion a los derechos humanos, toda vez, que impiden y neutralizan toda acción en busca de justicia por parte de los afectados y/o sus familiares.
Claramente, es un abuso a los derechos esenciales del hombre el delimitar su acceso a la verdad y justicia. Pero cuando esta justicia no se otorga, porque justamente, son estos aparatos los que concertados obstruyen información y pruebas, peritajes, etc; nos encontramos con un pais que es incapaz de impartir verdad y justicia.
“CASO SICOPATAS DE VIÑA” 1980 – 1981.
La madrugada del 29 de Enero de 1985, son fusilados los ex carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, con estas sentencias se cerraría un conjunto de homicidios, en donde fueron asesinadas más de diez personas en los llamados “ataques del psicópata de Viña del Mar”.
Se ha especulado a tráves de los años que los sentenciados a muerte, no habrían actuado solos y que más bien, habrían perpetrado estos crimenes con otras cuatro personas, quienes disponían de los medios ecónomicos e inclusive de infraestructura, para planificar y llevar a cabo los ilícitos.
De ser cierto, todo lo escrito respecto al tema, serían nuevamente, el Poder Judicial junto al ejecutivo y la PDI, de aquellos años, los responsables de haber encubierto la verdad, denegando justicia en unos de los casos más aberrantes de la historia policial de Chile.
Hoy en una sociedad moderna, nos podemos dar a la tarea de la aclaración de este caso y otros. Es cierto, que judicialmente es “CasoJusgado” y que operaría la “prescripción”, pero, no sería menos cierto, que en este caso habría actuado un grupo con amplio poder politico y económico, que les habría permitido librarse de la investigación. Es responsabilidad del estado, de nuestra sociedad, el buscar la manera legal para llegar a la claración total de los hechos, más aún, cuando han sido estos mismos los culpables de esconder la verdad, constituyendo estas acciones en una “Violación a los Derechos Humanos”, toda vez, que los familiares y las propias víctimas no recibieron la debida verdad y justicia.
Crimen de Alice Meyer: Investigan a funcionarios de la PDI por la muerte de Delfín Díaz
delfin diaz2
En vísperas de la navidad de 1985, una bella deportista de ascendencia alemana apareció muerta y con sus prendas desgarradas en Lo Barnechea. La policía uniformada sindicó al acaudalado empresario Mario Santander Infante como el culpable, mientras que la PDI concluyó que el homicidio había sido cometido por Delfín Díaz Méndez, de 21 años.
El entonces jefe de la Brigada de Homicidios, Juan Fieldhouse, fue el encargado de dar la noticia. “El crimen está resuelto”, anunció en una conferencia de prensa. Según la versión difundida en ese entonces, Díaz había empleado un chaleco para acabar con su vida. Fue hallado colgando de un árbol a tres metros del suelo, exhibiendo en su muñeca el reloj de Alice Meyer.
Para la PDI eso fue evidencia suficiente de que el móvil del asesinato había sido un simple robo. Tres décadas más tarde, la familia de Díaz cuestiona dicha versión.
Hace poco más de una semana, el ministro Mario Carroza aceptó desarchivar las causas acumuladas por la muerte de Alice y Delfín a petición del abogado Álvaro González. A juicio del jurista existen bastantes pruebas para desestimar la autoría de Díaz en el crimen de la joven y establecer que detrás del presunto “suicidio” existió la oscura mano de agentes del Estado, tanto en forma material como intelectual.
Un nuevo peritaje aportado a la justicia sostiene que Delfín Díaz murió por acción de terceros y no por ahorcamiento suicida. La querella de la familia apunta a cuatro detectives de Investigaciones – entre ellos los ex funcionarios Álvaro Mena, Luis Opazo y Fernando Lobos – quienes la madrugada del 26 de diciembre habrían secuestrado a Díaz desde el Restaurant “El Pollo Chico” para simular el suicidio.
El abogado Álvaro González estima, además, que existió “un montaje para evitar que un juez (Fernando Soto Arenas) siguiera investigando”. Y es que antes de ser reemplazado por la jueza Raquel Camposano, Soto Arenas había mantenido preso por casi un año a Santander y decretadovarios careos entre testigos y funcionarios de la PDI.
Según el libro “Mis investigaciones contra la mafia”, de Milton Colombo, el juez sospechaba de policías que a la fecha integraban la Brigada de Homicidios, la Brigada de Asaltos (encabezada por el “Chueco” Oviedo) y la Comisaría de La Cisterna. “El nerviosismo de los policías los llevaría a presentar sendos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, relata el texto.
“(…) no estoy dispuesto a concurrir a una diligencia que no me parece de confianza, en la cual incluso puede sorprendérsele al propio juez en inconfesables propósitos”, fue la defensa de uno de los funcionarios de la época, según se cita en el libro.
Verdad Ahora tomó contacto con el abogado Marcelo Cibié, quien representó a la familia de Alice Meyer durante el emblemático proceso judicial. Cibié coincide en que los testimonios aportados en la causa permiten inferir que Díaz fue asesinado luego de intentar extorsionar a Mario Santander. Esto porque, en compañía de su amigo José Contreras Araya (alias “El Topo Gigio”), habría visto cuando Santander intentaba ultrajar a la deportista.
“Fui objeto de amenazas telefónicas y en tribunales”, agrega Cibié.
De acuerdo a una fuente cercana al caso, parte de la protección brindada a Santander podría tener explicación en que su madre era prima hermana del capellán militar Florencio Infante, a la postre confesor de Lucía Hiriart.
Chivos expiatorios
En agosto de 1991, la policía civil envió al Ministro en Visita encargado de investigar la muerte del senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, el Parte Nº 89 firmado por el entonces subprefecto Osvaldo Carmona Otero. Según manifestaría más tarde el funcionario, se había visto obligado a firmar un parte que no confeccionó, siguiendo las órdenes del entonces subdirector de la PDI, Juan Fieldhouse.
Fieldhouse intervenía de esta forma para dar una salida abrupta al caso, e imputar el asesinato del líder gremialista a un joven delincuente llamado Sergio Olea Gaona.
El punto 9 del parteestablecía que “de acuerdo a un análisis efectuado por el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad ‘Cesmec Ltda.’, las muestras de pintura recogidas desde el automóvil marca Chevrolet modelo Opala (con el cual habían escapado los hechores), tienen plena coincidencia con las muestras de pintura recogidas desde el vehículo marca Peugeot modelo 309 (utilizado por Olea Gaona)”.
Lo irregular del procedimiento – se adjunta documento – es que Fieldhouse pidió al entonces jefe de la Sección Química Forense de la PDI, Santiago Dussert, que el examen no se efectuara en el Laboratorio de Criminalística de la policía civil, sino en una empresa privada.
“(…) el equipo de Fieldhouse nuevamente tenía aclarado un caso que había causado enorme conmoción pública”, escribe Milton Colombo. Posteriormente se comprobaría que Sergio Olea Gaona era totalmente inocente de los cargos formulados por Investigaciones.
En 2005 el joven fue abatido cuando intentaba asaltar un banco en la ciudad de Algarrobo.
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Como se ve, son muchos los casos en donde aparecen involucrados agentes de la PDI, lo que ha producido la institucionalización de los montajes y encubrimientos en esa institución, involucrando el prestigio del estado de Chile, ante la opinión publica mundial. Hoy, nuevamente, el poder judicial, tiene la oportunidad historica de buscar y entregar justicia a las victimas de estas instituciones del estado.
Mario Carroza, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó auto de procesamiento en contra de once integrantes del cuerpo de Policía de Investigación -ya en retiro- por el homicidio calificado del estudiante de periodismo José Eduardo Jara Aravena, víctima del denominado caso “Covema”.
El ministro Carroza acusó de autores del homicidio ocurrido el 2 de agosto de 1980 a Erick Concha Arias, Manuel Hernández Fernández, Domingo Pinto Arratia, Mario Escárate Escárate, Eduardo Rodríguez Zamora, Gabriel Bravo Serrá, Jaime Cifuentes del Campo, David Mesa Fuentes, Wilfredo Indo Etchegaray, Juana Moreno Arellano y Nelson Lillo Merodio.
El procesamiento de estos once ex policías es el resultado de una investigación que ha estudiado todos los antecedentes del caso:
El día 15 de julio de 1980 muere el director de Inteligencia del Ejército, el teniente coronel Roger Vergara Campos. El Segundo Juzgado Militar de Santiago ordenó entonces a la Policía de Investigación encontrar a los responsables de la muerte del teniente coronel.
Paralelamente, la Brigada de Homicidios, la Brigada de Asaltos y otras unidades conformaron otro dispositivo autodenominado ‘Covema’ o ‘Comando de Vengadores Mártires’, que tenía el mismo objetivo: dar con el paradero de los responsables de la muerte de Roger Vergara Campos.
Este dispositivo se autodenominó ‘Covema’ en una declaración pública que decía: “Señores: ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad y de policía, con esta fecha hemos formado el ‘Comando Vengadores de Mártires’ COVEMA. Asumimos las responsabilidades que Uds. y la sociedad han eludido. Dios y Patria“.
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Covema estaba comandado por los comisarios de la Brigada de Homicidio y Asalto: José Laureano Opazo -ya fallecido-, y Nelson Byron Víctor Lillo Merodio. Todos los integrantes del grupo, entre los que se encuentran los procesados, llevaron a cabo diferentes acciones, como interrogatorios y detenciones de personas sin la autorización pertinente, con el objetivo de averiguar la autoría del supuesto asesinato del director de Inteligencia del Ejército.
El 23 de julio de 1980, José Jara Aravena, junto a Cecilia Alzamora Vejares, se encontraban en un taxi colectivo por el centro de Santiago cuando una camioneta se cruzó delante del vehículo donde viajaban los dos jóvenes. De la camioneta bajaron varios hombres vestidos de civiles y armados que los obligaron a subir a la camioneta donde les vendaron los ojos y los trasladaron hasta el Cuartel Borgoño.
Más tarde fueron trasladados a la casa de seguridad ubicada en Ñuñoa donde les sometieron a duros interrogatorios sobre su pertenencia a grupos políticos. Eduardo Jara fue violentamente golpeado durante los interrogatorios, hecho que testifica su amiga Cecilia que pudo escuchar los gritos de dolor desde la habitación colindante.
El 2 de agosto de 1980 Cecilia y Eduardo fueron trasladados del lugar con la vista tapada y subidos a un vehículo conducido por Wilfredo Manuel Indo Etchegaray. En la comuna de La Reina ambos fueron liberados y lograron llegar hasta un domicilio en el que solicitaron ayuda. Una ambulancia los trasladó al centro asistencial pero Eduardo Jara, en condiciones de salud deplorables, no pudo sobrevivir a los golpes y las torturas recibidos durante los interrogatorios. A las 8:15 del 2 de agosto, el médico constató la muerte del joven José Eduardo Jara Aravena.
Marta Úbeda
El Ciudadano
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